Transport and Main Roads Queensland
Después de remolcar los restos de un yate de lujo hundido en una playa de Queensland (Australia) el mes pasado, las autoridades aún no tienen claro quién pagará la factura, ya que nadie responde por la embarcación, que tiene un pasado accidentado.
Según los guardacostas de la ciudad de Yeppoon, la embarcación fue retirada de un puerto deportivo local el 11 de mayo por no estar registrada, y por ese motivo al día siguiente la anclaron frente a la costa. Dado el mal tiempo, el superyate fue arrastrado hacia una costa rocosa en el sur. Sin embargo, el ancla perdió el control, el bote quedó a la deriva y, finalmente, se hundió en el océano. Los equipos marítimos rescataron a una persona encargada de cuidar la embarcación y remolcaron el yate a aguas más seguras.
Durante varias semanas, los habitantes de la zona reclamaban enfurecidamente a las autoridades que se tomaran medidas parar remolcar el bote, ya que sus restos y la basura quedaban esparcidos a lo largo de la playa. “La gente de la zona ha tenido que salir a limpiarlo, así que este barco está causando estragos ahora y necesitamos que se vaya”, declaró la diputada de Keppel Brittany Lauga a la ABC.
Sin embargo, las autoridades dijeron que había sido bastante difícil para los contratistas remolcar el yate de 27 metros de largo y sus restos. “Debido al lugar en el que terminó, en la playa, las mareas lo limitaron. Así que tuvimos que trabajar entre las mareas, lo que restringió nuestra actividad diaria”, indicó el director general de la Seguridad Marítima de Queensland (MSQ por sus siglas en inglés), Kell Dillon, agregando que se tuvo que traer maquinaria pesada desde otra ciudad para desmontar el barco.
Nadie se presentó para reclamar la propiedad del barco. Pero las acusaciones no se hicieron esperar. “Esto no podría pasarle a una persona menos agradable”, dijo Richie Cunningham, que era capitán de la embarcación, a sus seguidores de Facebook (red social prohibida en territorio ruso, propiedad de la compañía Meta, calificada como “organización extremista” en Rusia). “Esto es el karma en acción”, agregó.
Las fiestas de Gold Coast
La indirecta fue para Jamie McIntyre, un hombre de negocios conocido por organizar lujosas fiestas en Surfers Paradise, un lujoso suburbio en la ciudad de Gold Coast. En 2016, un juez del Tribunal Federal prohibió a McIntyre administrar empresas durante 10 años, después de que se descubriera que había gestionado cinco planes de inversión ilegales, que costaron 7 millones de dólares australianos (4,8 millones de dólares), a 152 inversores.
El empresario ha sido vinculado al superyate hundido, pero niega rotundamente ser su actual propietario. “Era propiedad de un sindicato de barcos”, declaró McIntyre a ABC Capricornia. “En su mayoría propietarios extranjeros que no viven en Australia”, destacó. Asimismo, dijo que había sido su propietario y lo estaba comprando de nuevo, ya que “los accionistas querían venderlo una vez que se completara su estudio comercial para la navegación”. Además, reveló que tenía planes de comprarlo como “un regalo de bodas”.
El capitán Cunningham dijo que trabajó para McIntyre hace una década, cuando organizaba cruceros de lujo por la Gold Coast con un barco conocido como ‘Livin’ I’. “Había un montón de jóvenes juerguistas en bikini, y Jamie y sus amigos pasándoselo en grande […]. Y todo eso es maravilloso. Pero donde puse el límite fue en la sobrecarga del barco”, comentó el capitán. “No es viable tener 30 o 40 personas tratando de trepar por todo un crucero deportivo de 58 pies (5,3 metros cuadrados)”, añadió.
Asimismo, Cunningham reveló que el barco hundido se llamaba ‘Livin’ II’ y que no era la primera vez que tenía problemas. “Es muy conocido, sobre todo en Gold Coast, como un barco que ya se había atascado bajo el puente de Sundale, y que luego fue remolcado de forma muy poco ceremoniosa”.
La ‘influencer’ y el ‘playboy colombiano’
McIntyre se casó en mayo con la ‘influencer’ y empresaria de Brisbane Nadine Roberts, que dice ser también periodista. La pareja ha aparecido como oradores y artistas en varios eventos que promueven las ideas antivacunas.
Dos días antes de que se hundiera el superyate, se registró una empresa llamada Boat Syndicate a nombre de Roberts. El codirector de la empresa figura como Alejandro Mendieta Blanco, comprador de artículos de lujo y autodenominado “playboy colombiano”, que fue encarcelado en 2020 por recibir joyas de oro robadas y un bolso Louis Vuitton.
Sin embargo, McIntyre niega que Boat Syndicate sea el propietario del yate. “Boat Syndicate era una empresa creada para comprarlo. Pero como se hundió, la venta obviamente no puede llevarse a cabo”, señaló McIntyre.
Otra empresa conocida como Boat Swap Syndicate, que aparece en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, ha sido señalada por un antiguo accionista como la propietaria del yate hundido. La compañía fue dada de baja en febrero y tanto Mendieta como Roberts eran accionistas, esta última inclusive era la secretaria y directora de la misma.
“Red oscura del transporte marítimo”
La Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA) informó de que una empresa anterior vinculada a McIntyre fue multada con 20.000 dólares australianos (13.800 dólares) en el Tribunal de Magistrados de Southport en 2020 por alquilar la embarcación sin un certificado de operación o uno de inspección. En ese momento, AMSA dijo que las autoridades fueron alertadas de la operación “después de que un pasajero que pagaba muriera por un problema de salud durante un crucero el 31 de diciembre de 2018”.
En un comunicado, la MSQ dijo que seguía investigando la situación, junto con AMSA. “Los propietarios son siempre responsables del mantenimiento de sus embarcaciones o de retirarlas de las aguas de Queensland cuando se vuelven innavegables”, indicó.
Sin embargo, Ian Bray, coordinador nacional de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte, dijo que la propiedad de los barcos internacionales en aguas australianas era turbulenta. “No hay ninguna regulación”, afirma Bray.
El funcionario también señaló que, a menudo, los barcos se registran bajo empresas ficticias en paraísos fiscales, lo que dificulta que las autoridades sepan quién es realmente su propietario y responsable. “Es la otra red oscura, la red oscura del transporte marítimo […] Es un problema mundial al que los gobiernos deben empezar a prestar atención”, agregó Bray.
