Manifestantes en el día 11 de protestas en Quito, Ecuador, 23 de junio de 2022Gettyimages.ru
El lunes se instaló una mesa de diálogo entre el Gobierno y representantes de la Conaie, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine).
Las negociaciones, que tuvieron como escenario la Basílica del Voto Nacional en Quito, fueron por iniciativa del presidente de la AN, Virgilio Saquicela, y estuvieron representantes de otras instituciones estatales, como del CNE y la Defensoría del Pueblo. También contó con la participación de la Iglesia.
En ese primer encuentro, el Ejecutivo, representado en la mesa por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario de Administración Pública, Iván Correa, aceptó derogar el Decreto 95, emitido por Lasso el año pasado, en el que se expidió la política de hidrocarburos y un ‘Plan de Acción Inmediato’ para el desarrollo del sector hidrocarburífero. Esta derogatoria era una de las exigencias del movimiento indígena.
No obstante, no se alcanzó un acuerdo respecto a la reducción y congelación de los precios de los combustibles. El pedido de los manifestantes es bajar, y congelar, el costo del galón del diésel de 1,90 dólares a 1,50 y la gasolina extra y ecopaís de 2,55 a 2,10, así como entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio. Hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo fue bajar 10 centavos de dólar.
En la reunión del lunes acordaron retomar las negociaciones la mañana de este martes, pero los representantes del Gobierno no se presentaron.
La negativa se debió a la muerte del sargento José Chimarro y el reporte de otros 12 militares y policías heridos durante un confuso incidente en Shushufindi, en la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, al noreste del país.
El hecho ocurrió en la madrugada. Desde el Gobierno sostienen que los militares y policías fueron atacados por “violentos”.
“Creemos que el diálogo es el mejor camino para resolver nuestros problemas”: indígenas de Ecuador piden al Gobierno retomar la mesa de conversaciones
“Un convoy que custodiaba tanqueros que transportaban combustible en Shushufindi fue atacado por 100 violentos. Fueron cobardemente atacados con armas de fuego y lanzas“, dijo el presidente Lasso, en un mensaje a la nación en el que anunció que no retomarían el diálogo.
Pero desde el movimiento indígena rechazaron esa versión. Según Iza, el incidente tuvo lugar cuando un “convoy” fue a “atacar en las zonas donde estaban compañeros activando” sus protestas.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señala en un informe que el hecho ocurrió cuando un convoy de tanqueros de combustible, escoltado por aproximadamente 300 efectivos militares y policiales “llegó a un punto de protesta social, en la comunidad 18 de Noviembre, del cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, en donde se encontraban los manifestantes ejerciendo pacíficamente su derecho” y, “ante la negativa de las personas de permitir el paso del convoy, la persona que estaría supuestamente a cargo del mismo informó que pasarían a como dé lugar, iniciando una fuerte represión en la que se habrían utilizado gran cantidad de gas, municiones de goma, perdigones, incluso balas reales”.
Esto generó “una respuesta de defensa” de parte de los manifestantes, dando lugar a una confrontación.
La represión
De acuerdo con la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, que ha denunciado fuerte represión policial y militar durante las protestas, hasta este martes se registraban cinco muertos, 313 heridos y 147 detenciones.
Este martes también fue presentado un informe preliminar por parte de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, que se encuentra en Ecuador dando seguimiento al paro nacional.
Esta organización señala que el Estado ecuatoriano cometió “delitos de lesa humanidad” durante las protestas. Además de los asesinatos, informaron sobre detenciones arbitrarias en las que hubo “tormentos, tratos crueles y degradantes”, así como violaciones al derecho a la defensa.
Mariela Navarro, integrante de la misión, indicó que agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas “actuaron con vehemencia e impunidad en el ejercicio de la represión”.
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