Calle Fuencarral, Madrid (España).Cristina Arias / Cover / Gettyimages.ru
El Gobierno de España amenaza con imponer cuantiosas multas si no se cumplen las restricciones energéticas establecidas mediante decreto ley, de acuerdo con la Ley de Industria de 1992, actualmente en vigor, informó este martes el diario El Mundo.
Por un lado, las infracciones leves, que hacen referencia al incumplimiento de cualquier prescripción reglamentaria y a la falta de colaboración con la administración en el ejercicio de sus funciones, serán sancionadas con hasta 60.000 euros.
Por otro lado, las infracciones graves tendrán una penalización que oscila entre 60.001 y 600.000 euros. En esta categoría se incluye la ocultación o alteración dolosa de los datos y la resistencia o reiterado retraso a la hora de proporcionarlos, así como la expedición de certificados o informes cuyo contenido no se ajuste a la realidad o el incumplimiento de las prescripciones dictadas por la autoridad competente.
Asimismo, las muy graves se castigarán con hasta 100 millones de euros, si bien estas últimas solo se aplicarán cuando el incumplimiento pueda provocar “daños o peligros muy graves e inminentes a personas, flora, fauna o medio ambiente”.
Limitaciones de temperatura e iluminación
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El decreto de limitaciones de temperatura e iluminación, publicado este 2 de agosto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), no indica qué régimen sancionador se aplicará si se rebasa el límite mínimo de 27 grados en la climatización veraniega y/o el de 19 grados máximo en la calefacción en invierno para edificios públicos, grandes almacenes, espacios culturales, hoteles, estaciones de tren o aeropuertos, así como el apagado de la luz en escaparates, fachadas y edificios a partir de las 22:00 horas.
La norma remite a los reglamentos de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado y de Instalaciones Térmicas en los Edificios y, a su vez, ambos hacen referencia a la ya mencionada Ley de Industria de 1992.
Esta regla contempla multas en pesetas, la moneda usada en España hasta 2002, por lo que para ser aplicadas hoy en día han de convertirse en euros. Así, las infracciones leves se castigarían con hasta 3.000 euros y las graves con un máximo de 90.000, aunque se espera que, una vez se consolide la normativa, estas sumas aumenten.
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