Imitación de una técnica de tortura durante una protesta frente a la sede del Departamento de Justicia de EE.UU. en Washington, 5 de noviembre de 2007.Manuel Balce Ceneta / AP
Una jueza federal del Distrito de Columbia (EE.UU.) dictaminó este jueves que un extenso informe elaborado en 2012 por el Congreso del país norteamericano sobre las prácticas de tortura de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) debe permanecer clasificado.
Partes de ese documento de miles de páginas fueron filtradas dos años después por una senadora demócrata, pero el resto ha permanecido desconocido para el público desde entonces.
En respuesta a una demanda del reportero de investigación Shawn Musgrave, que buscó acceder al informe, el tribunal estableció que el documento “no califica como un registro público sujeto al derecho de acceso público”, según recoge el periódico Los Angeles Times. La razón es que los senadores pretendían recopilar información y no hacer recomendaciones ni proponer legislación alguna, aunque el trabajo formaba parte efectiva de una investigación parlamentaria.
“El informe contiene información altamente clasificada sobre las políticas y procedimientos de detención e interrogatorio de la CIA que comprometerían la seguridad nacional si se divulgaran, superando con creces el interés público en la divulgación”, concluyó la jueza. Además, un caso anterior concluyó que el documento era un “registro del Congreso” y, por tanto, no podía obtenerse a través de solicitudes estándar de la Ley de Libertad de Información.
Pese a ello, Musgrave insistió en el “derecho a saber”, tal como habían hecho otros demandantes que fundamentaron en esa ley sus litigios anteriores, mientras que el abogado del periodista prometió apelar el fallo.
Interrogatorios y mentiras
Documentos desclasificados revelan que un prisionero de la CIA fue utilizado para enseñar técnicas de tortura a interrogadores
El informe del Senado ahondó en los programas y protocolos clandestinos de detención y tortura que la CIA puso en acción tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Múltiples sospechosos extranjeros fueron arrestados o capturados en los años posteriores a esa fecha y llevados a prisiones secretas para someterlos a interrogatorios extremos y a menudo a medidas de presión extraordinarias. Solo una pequeña parte de estas personas enfrentaron finalmente algún cargo formal, mientras que decenas o centenares estuvieron retenidos durante meses y años a discreción, fuera del alcance del sistema de justicia penal estadounidense o de las leyes internacionales de guerra.
Un resumen no clasificado del documento publicado por la senadora demócrata Dianne Feinstein en 2014 presentó una veintena de hallazgos importantes, como que los métodos de la CIA pocas veces ayudaron a conseguir alguna información útil para los fines de inteligencia y también que los funcionarios de la agencia mintieron repetidamente sobre la efectividad de esos métodos.
Asisismo, los interrogatorios eran mucho más violentos de lo que los funcionarios de inteligencia alguna vez admitieron ante los legisladores. Algunas de las técnicas fueron desarrolladas por psicólogos expertos para maximizar el sufrimiento de los sospechosos. Estos hechos también figuraban en el resumen, como la conclusión que que la práctica de tortura había manchado la reputación del país norteamericano en todo el mundo.
“Marca oscura en nuestra historia”
La autora del resumen inicial, la senadora Feinstein, comentó que está de acuerdo con ciertos aspectos de la decisión judicial, pero sigue creyendo que un informe completo sobre las torturas, “con las redacciones apropiadas, debería publicarse en algún momento”. Calificó también de “marca oscura en nuestra historia” el uso de torturas por parte de las autoridades estadounidenses. “Debemos seguir aprendiendo de nuestros errores”, afirmó.
Puesto que el presidente Barack Obama archivó el informe en sus registros presidenciales antes de que expirara su mandato, se espera que al menos los Archivos Nacionales conserven una copia hasta cuando pueda ser desclasificado por partes.
Mientras, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó en 2018 que Lituania y Rumanía colaboraron con la CIA en los episodios de tortura a sospechosos de la organización terrorista Al Qaeda.
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