Por qué López Obrador defiende la militarización de la Guardia Nacional (y las críticas a esta polémica reforma)
En el dictamen aprobado se establecieron más mecanismos de control, como que el Gobierno federal debe presentar un informe semestral sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, “proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, dice un texto publicado por el Senado.
También se dispuso crear una comisión bicameral que vigile el desempeño de los uniformados y pueda citar a comparecer a altos funcionarios.
Asimismo, se fijó que a partir del ejercicio fiscal 2024, el Ejecutivo federal establecerá un fondo de apoyo a las entidades federativas y municipios, destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.
Uno de los datos más importantes de esta reforma es que determina que sea improrrogable la fecha límite de marzo de 2028 para el retiro del Ejército y la Marina de las calles.
La reforma
Con esta reforma se modifica un artículo transitorio para extender el plazo que se había fijado para la participación del Ejército y la Marina Nacional en labores de seguridad pública.
Concretamente, se reforma el Artículo Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019.
En un acuerdo legislativo oficializado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que la presencia del Ejército en las calles se mantendría hasta el 27 de marzo de 2024; con la reforma se extiende esa facultad de las Fuerzas Armadas hasta 2028.
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