El empresario Lázaro Báez es detenido el 5 de abril de 2016.Agustin Marcarian / AP
El juicio comenzó en mayo de 2019 y, ya en la recta final, los fiscales pidieron penas de entre dos y 12 años de prisión a los 13 acusados.
Además de Fernández de Kirchner, fueron juzgados el empresario Lázaro Báez, el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exdirector de Vialidad Nacional Néstor Periotti, quienes fueron acusados de haber formado parte de la “asociación ilícita”.
A ellos se sumaron, con cargos menores, el exsubsecretario de Obra Pública Abel Claudio Fatala, los exjefes de la Dirección Nacional de Vialidad Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, los exdirectores generales de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibáñez y Héctor René Jesús Garro y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.
Polémicas
La fractura que desde hace 15 años provoca la figura de Fernández de Kirchner en la sociedad argentina quedó de nuevo en evidencia a lo largo de un juicio, en el que sus detractores la condenaron y sus seguidores la exculparon de antemano.
Las controversias fueron permanentes en estos tres años y medio y se intensificaron en los últimos meses.
El 1 de agosto, el fiscal Diego Luciani adquirió notoriedad con un duro e histriónico alegato en el que acusó a la expresidenta y a su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, de haber creado “una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”.
Una manifestante muestra un cartel de apoyo al fiscal Diego Luciani, Buenos Aires, 22 de agosto de 2022.Natacha Pisarenko / AP
Días más tarde, se descubrieron fotos en las que Luciani y Rodrigo Giménez de Uriburu, uno de los jueces del tribunal que juzgaba a Fernández de Kirchner, jugaban juntos al futbol en las canchas de la casa de campo del expresidente Mauricio Macri. “El poder Judicial apesta”, condenó la vicepresidenta.
Luego vinieron marchas y actos en favor de Fernández de Kirchner, más crispación social, hasta que el 1 de septiembre el juicio quedó envuelto por completo en la conmoción que generó el atentado que sufrió la vicepresidenta y que ella adjudicó a la campaña de odio generada por sus opositores.
La tensión política que siempre envolvió al proceso se incrementó todavía más el pasado fin de semana, luego de que se filtraran chats que mantuvieron jueces, funcionarios y empresarios de medios en los que supuestamente manipulan las evidencias de un lujoso viaje que realizaron juntos a la Patagonia, con todos los gastos pagados por el Grupo Clarín (el multimedios más importante del país y máximo enemigo del kirchnerismo).
Uno de los viajeros es el juez Julián Ercolini, instructor de la causa contra Fernández de Kirchner, es decir, quien reunió los supuestos elementos de prueba y los consideró suficientes para que la investigación llegara a juicio oral y público.
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Escenarios
Más allá de la condena, no hay ninguna posibilidad de que Fernández de Kirchner vaya presa.
Primero, porque gracias a su cargo como vicepresidenta cuenta con fueros. Por ello, antes debería enfrentar un juicio político para ser destituida del cargo para el que fue elegida y cuyo mandato vence el 10 de diciembre de 2023.
Además, sus abogados apelarán cualquier sentencia de culpabilidad, por lo que el fallo deberá pasar para su análisis a la Cámara de Casación Penal. La última etapa se dirimirá en la Corte Suprema de Justicia, pero es un proceso que puede demorar varios años.
Otro motivo por el que la expresidenta no podría ser detenida de inmediato es que cumplirá 70 años en febrero próximo y la ley le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a cualquier condenado a partir de esa edad.
Mientras la sentencia no quede firme, Fernández de Kirchner tampoco tendrá que sujetarse a la inhabilitación. Es decir que, si lo desea, se podrá postular a cualquier cargo público en las elecciones generales del próximo año.
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