Imagen ilustrativaJuancho Torres / Anadolu Agency / Gettyimages.ru
Dos líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante este fin de semana, lo que eleva a 76 el número de defensores de los derechos humanos ultimados en lo que va de año, según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
El hecho más reciente ocurrió cuando Alexander Espinoza Valencia fue baleado el pasado sábado mientras se trasladaba en vehículo a su vivienda, ubicada en un área rural del municipio Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca.
Espinoza Valencia era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de El Retiro, en el mencionado municipio. Allí operan miembros de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales locales.
Frente a la situación de conflicto entre los grupos armados, la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 046-20 con carácter de riesgo “en inminencia”.
👥 Alexander Espinosa Valencia📆 Fecha: 15/05/22📍 Lugar: Tuluá, Valle del Cauca⚠️ Con Alexander Espinosa Valencia serían 76 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022. pic.twitter.com/ddoIAVkO9C
— INDEPAZ (@Indepaz) May 16, 2022
La otra víctima fue Edgar Quintero, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Lomitas, en el municipio de Santander de Quilichao, quien fue asesinado con arma de fuego cuando salía de su vivienda, el pasado domingo.
Según Indepaz, Quintero había impulsado desde su territorio el cultivo de piña para fortalecer la economía local, a través del programa de restitución de tierras, que forma parte de la reparación integral contemplada en la Ley de Víctimas del conflicto armado.
El líder social también estuvo al frente de la implementación de Plan Integral de Reparación Colectiva de la Unidad de Víctimas para la comunidad de esa vereda.
👥 Edgar Quintero 📆 Fecha: 15/05/22📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca⚠️ Con Edgar Quintero serían 75 los líderes/as y defensores de DDHH asesinados en 2022. pic.twitter.com/r34yCr3v9w
— INDEPAZ (@Indepaz) May 15, 2022
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que determinó que en esa población los defensores de los derechos humanos y miembros de organizaciones sociales se encontraban en “especial situación de riesgo“, debido a que adelantaban procesos de reparación colectiva, reclamos de tierras y acciones en contra de empresas mineras.
En esa zona operan grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL). Además, hay presencia de organizaciones narcoparamilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águilas Negras.
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