Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de MéxicoMarco Ugarte / AP
El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna (2006-2012) no podrá ser detenido por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que una jueza del Centro de Justicia Penal Federal deliberara que la orden de arresto contra el exfuncionario es “insubsistente”, al no haber pruebas suficientes que fundamenten el caso presentado por la Fiscalía General de la República (FGR).
La decisión se derivó de la aprobación de una solicitud de amparo, una medida legal para frenar un proceso, otorgado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en favor del imputado, revela Milenio.
Los abogados del político solicitaron el recurso jurídico al asegurar que las evidencias presentadas por la FGR eran insuficientes para probar los cargos que enfrenta, una opinión compartida por tres jueces partícipes del caso.
“Existe una incongruencia que resulta relevante evidenciar y en su caso que debe ser valorada por el juez de control a partir de lo que le expuso el Ministerio Público, y si ello no es factible, a partir de esta exposición hecha en el pliego de consignación”, declaró hace unas semanas el magistrado ponente del caso, Jorge Isaac Lagunes Leano.
La Fiscalía mexicana confirma que García Luna no podrá acceder a su expediente de investigación
Las inconsistencias encontradas por las autoridades judiciales tienen que ver con los supuestos montos y operaciones presentados por la FGR y que inculpan a García Luna.
A pesar de que se desechó la actual solicitud, el caso no ha concluido, ya que la FGR puede volver a presentar a los tribunales su petición de orden de aprehensión contra el exfuncionario, pero con datos corregidos y con evidencia que sustente sus acusaciones.
Si la nueva orden es aprobada por los jueces, entonces, la solicitud de extradición de García Luna, quien fue arrestado en EE.UU. en 2019 bajo cargos de complicidad con el Cártel de Sinaloa, también podrá surtir efecto.
Las acusaciones de la Fiscalía
De acuerdo con detalles filtrados por el periódico Reforma, la FGR denunció a García Luna por haber recibido depósitos bancarios de personas no identificadas por 15 millones de pesos (750.000 dólares) y por haber adquirido cinco inmuebles valuados en 9,7 millones de pesos (484.000 dólares) entre los años 2000 y 2012.
Asimismo, las autoridades responsabilizan al político de haber efectuado pagos por 2,3 millones de pesos (115.000 dólares) y por comprar un automóvil por 617.000 pesos (30.800 dólares) con recursos no declarados.
En total, el órgano de justicia acusa a García Luna de obtener recursos irregulares por 27,3 millones de pesos (1,36 millones de dólares).
La reciente decisión de los tribunales, sin embargo, desestima la denuncia de la FGR por carecer de evidencias que la validen.
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