De qué se trata el escándalo de corrupción con los fondos destinados para las ciudades más golpeadas por el conflicto en Colombia
La parlamentaria agregó que en el mencionado departamento, cuya capital es Valledupar, la Caja de Compensación del Cesar (Comfacesar) “ha sido fortín político” de Ape Cuello. Este tipo de entidades privadas administran prestaciones de seguridad social.
A través de Comfacesar, “a dedo y sin vigilancia“, según Juvinao, se habrían otorgado cerca de 87.000 millones de pesos (unos 19 millones de dólares). De esa cifra, casi 62.000 millones (14 millones de dólares) estarían agrupados en cinco contratos que se le habrían otorgado a la familia Cayón Medina que, “según los medios en Valledupar, harían parte de la nómina de contratistas de Ape Cuello”, agregó la congresista.
De esos 14 millones de dólares, detalló, cinco millones ya habrían sido desembolsados “como anticipos en plena campaña electoral al Congreso y a la Presidencia”.
Juvinao aseveró que estos recursos –según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las denuncias medios y de comunidades del Cesar– habían sido destinados para construir 1.167 viviendas en un proyecto que hasta ahora solo tiene un avance de ejecución del 1 %.
#DENUNCIA Están embolatados 41 mil millones de pesos de la paz. Debían construirse 1.167 viviendas en el Cesar y las obras tienen avances menores al 1%. Congresistas, megacontratistas y alcaldes involucrados en una presunta red criminal de contratación. #SeRobaronLaPaz Abro Hilo pic.twitter.com/ovOOkkSULx
— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 7, 2022
Del mismo modo, se habrían suspendido tres contratos y realizado demolición de viviendas, por lo que un grupo de personas que esperaban beneficiarse de ellas se quedaron en la calle.
En el mismo debate de la Cámara, la congresista Carolina Giraldo señaló que los recursos para la paz destinados para el departamento de Risaralda no corresponden a las obras que fueron entregadas. Según su denuncia, las construcciones quedaron en manos de testaferros del hoy extraditado exlíder de Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’.
Estas denuncias se unen a las investigaciones aparecidas en varios medios locales en julio pasado, en las que se afirmaba que funcionarios de varias entidades estatales, entre las que se encuentran la DNP y la Contraloría, además de congresistas del Partido Conservador y alcaldes, habrían generado un entramado de corrupción para quedarse con hasta el 12 % de los recursos asignados a los municipios con mayores de niveles de pobreza y afectación causados por el conflicto.
- Camila Lozano Delgado
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