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El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado el desembolso de 1.000 millones de dólares para Ecuador como parte del acuerdo ampliado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), suscrito en 2020 por ambas partes.
En un comunicado emitido el pasado viernes, tras la revisión de metas de la cuarta y quinta revisión del programa de 6.500 millones de dólares en crédito —que busca la recuperación económica del país tras la pandemia, restablecer la sostenibilidad fiscal y reducir la deuda pública—, el organismo internacional informó que el desembolso será inmediato y que irá destinado al Presupuesto General del Estado (PGE).
El organismo señaló que el Consejo Ejecutivo aprobó la solicitud de las autoridades sobre una exención del incumplimiento, una de las metas previstas a finales de diciembre de 2021. Según el FMI, dicho incumplimiento se dio en el criterio de desempeño sobre el saldo global que debía alcanzar el PGE y la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios (CFDD).
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El Directorio Ejecutivo observó que en un informe del director gerente se entregaron datos inexactos correspondientes a las obligaciones de transferencias por pensiones y a los gastos de salud a la caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Tras la aprobación del desembolso, el Gobierno ofreció adoptar medidas correctivas respecto de la deuda por salud que mantiene con el IESS.
Ecuador ya ha recibido 4.800 millones de dólares de los 6.500 millones. Una sexta y última revisión del acuerdo está prevista para más adelante a lo largo de este año, con el objetivo fijar el desembolso de los 700 millones de dólares restantes antes de su vencimiento.
13 días de protestas
El anuncio llega en un momento en el que el país latinoamericano es escenario de protestas contra las políticas sociales y económicas del Gobierno de Guillermo, Lasso en el marco del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Al paro nacional, que este sábado cumple 13 días, se han sumado organizaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, entre otras, que denuncian la inseguridad que se vive en el país, la falta de medicinas e insumos médicos en los centros de salud, el aumento de los combustibles y demandas relacionadas con el empleo, la producción agrícola y el endeudamiento de los sectores campesinos.
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El movimiento indígena denuncia que el Gobierno se ha centrado “de manera necia” en seguir las políticas del FMI, que afectan sistemáticamente a la población, impidiendo una mayor cobertura de ayuda económica para los sectores vulnerables debido a la eliminación de subsidios y a las subidas de impuestos.
En este contexto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que el mandatario debería centrarse menos en seguir las políticas del FMI si quiere arreglar los problemas económicos y sociales del país.
Iza indicó que las protestas se prolongarán de forma indefinida hasta que el presidente responda de manera precisa a las 10 peticiones de los indígenas: reducción y fin de la subida del precio de los combustibles; moratoria y renegociación de deudas con la banca para más de 4 millones de familias; precios justos en los productos del campo; moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos; alto a la privatización de los sectores estratégicos; políticas de control de precios; acciones públicas efectivas para frenar la ola de violencia que mantiene en zozobra al Ecuador; empleo y derechos laborales; salud y educación.
Por otra parte, una de las condiciones que exige la Conaie para iniciar negociaciones con el Gobierno fue el “cese inmediato de las acciones de represión y criminalización” y la derogatoria del estado de excepción impuesto en seis provincias.
Vulneración de derechos y uso la fuerza
Además se han denunciado en varias ocasiones el uso indebido de la fuerza policial y la vulneración de los derechos humanos de los manifestantes, así como actos de vandalismo contra edificios públicos, si bien el movimiento ha aclarado públicamente que “no forman parte del movimiento indígena” reiterando se manifiesta de forma pacífica en todo el país.
La Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador, que agrupa 15 organizaciones, ha reportado hasta el 24 de junio 64 vulneraciones a los derechos humanos, cinco personas fallecidas, cinco desaparecidos, 166 heridos y 108 detenciones. Mientras, Lasso advirtió que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas “actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia”.
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