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La Administración Biden cancela el arrendamiento de ciertos terrenos para la extracción de petróleo

La Administración Biden cancela el arrendamiento de ciertos terrenos para la extracción de petróleo

George Rose / Gettyimages.ru

El Departamento del Interior estadounidense ha confirmado este miércoles que finalmente no se llevará a cabo el arrendamiento de terrenos situados en el Golfo de México y en la costa de Alaska para la extracción de petróleo.

La decisión, que detiene la posibilidad de perforar zonas en busca de crudo en un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados, se produce cuando los precios de la gasolina en EE. UU. han alcanzado niveles récord.

Así, el valor promedio de un galón (3,7 litros) de gasolina se situó el martes a unos 4,4 dólares, el precio más alto registrado desde 2000, según informa la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés).

Mientras, el Departamento del Interior estadounidense ha declarado que existe una “falta de interés por parte de la industria en arrendar en el área” por la decisión de “no seguir adelante” con la transacción en Alaska, recoge CBN.

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Asimismo, se detuvieron los arrendamientos anunciados por la Oficina de Administración de Energía Oceánica (BOEM) en noviembre de 2021, en la región del Golfo de México “como resultado de demoras debido a factores que incluyen fallos judiciales contradictorios que afectaron el trabajo en estas ventas de arrendamiento propuestas”.

La ley federal requiere que el Departamento del Interior se ajuste a un plan de arrendamiento de cinco años para subastar los permisos de alquiler en alta mar en el extranjero. El plan actual expirará el 30 de junio y la Administración Biden no ha publicado una nueva propuesta, ni ha anunciado cuándo se pondrá otro proyecto de reemplazo en marcha.

Reemplazar el plan actual llevará un tiempo debido a las numerosas regulaciones a las que está sometido. Se requiere la aprobación de un proceso de tres pasos que incluye análisis ambiental, períodos de comentarios públicos y una revisión por parte del presidente y el Congreso. 

 

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