La Fiscalía General de la República (FGR) de México reveló la existencia de dos carpetas de investigación contra exfuncionarios y otros involucrados por la compra y uso del programa de espionaje Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
A través de un comunicado, emitido el 16 de octubre, el órgano de justicia informó que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) adquirió el programa de manufactura israelí “sin ninguna justificación”.
Carpeta 1: Compra ilegal
En la primera carpeta de investigación, la FGR asegura que para la adquisición del software, cuyo costo excedió los 456 millones de pesos (23 millones de dólares), se utilizó de manera irregular parte del presupuesto para la seguridad nacional, evadiendo los procedimientos legales de licitación pública.
El principal acusado por estos delitos, según la Fiscalía, es el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, a quien se le responsabiliza por malversación de fondos públicos, fraude y asociación delictuosa.
Actualmente Zerón se encuentra en Israel en calidad de prófugo tras ser acusado de torturar a un testigo clave de la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Las autoridades mexicanas ya han solicitado a Tel Aviv la extradición del funcionario.
Carpeta 2: Espionaje
En el segundo expediente, las autoridades afirman que la empresa israelí NSO Group vendía ilegalmente el programa “mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas”.
De acuerdo con la FGR, el software era utilizado para intervenir comunicaciones de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Por este crimen, uno de los coautores, Juan Carlos García, exempleado de la empresa de Proyectos y Diseños VME S.A de C.V, representante de NSO Group en México, ya fue presentado a las autoridades en noviembre de 2021 y actualmente enfrenta un proceso agravado por violentar la libertad de expresión.
Otros detalles
Ambas carpetas de investigación incluyen acusaciones contra otros funcionarios e involucrados que, por “razón de secrecía y viabilidad procesal”, no se identifican por el momento, señala la FGR.