Fábrica de Volkswagen en Sao Paulo, Brasil, en 1972.Roger Viollet / Gettyimages.ru
Volkswagen, el gigante automovilístico alemán, ha sido noticia en varias ocasiones en Brasil por su colaboración con el régimen de la dictadura militar (1964 y 1985) entregando trabajadores de sus fábricas considerados “subversivos”.
En 2020, tras cinco años de intensas investigaciones, este episodio “se cerró”, cuando la compañía pidió disculpas a las víctimas y se comprometió a compensar con 6,5 millones de dólares a los empleados que fueron presos, perseguidos y torturados.
Volkswagen, el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo, se convirtió en la primera empresa extranjera en revisar su papel durante la dictadura en Brasil.
Dos años después, vuelve ahora al centro de la polémica, pero esta vez por someter a sus empleados a práticas análogas a la “esclavitud”.
Fábrica de Volkswagen en Sao Paulo, Brasil, en 1972.Roger Viollet / Gettyimages.ru
Los hechos ocurrieron en la hacienda Vale do Rio Cristalino, conocida como Hacienda Volkswagen, en Santana do Araguaia, en el estado amazónico de Pará, en las décadas de 1970 y 1980.
Tras cuatro años de investigaciones, el Ministerio Público de Trabajo concluyó que Volkswagen fue responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en aquella finca: falta de tratamiento médico en casos de malaria, prohibición de salir de la finca, vigilancia armada, viviendas instaladas en lugares insalubres, sin acceso a agua potable y escasa alimentación, o esclavitud por deuda.
Lo confirman las denuncias presentadas al ministerio, en 2019, por el padre Ricardo Rezende Figueira, coordinador en la época de la Comisión Pastoral de la Tierra, vinculada a la Iglesia Católica. Estos documentos dieron inicio a un grupo de trabajo que ha determinado que existen pruebas suficientes para culpar a Volkswagen.
“La hacienda formaba parte del proyecto de la dictadura cívico-militar brasileña de desarrollar la Amazonía a través de grandes fincas”
El fiscal a cargo del caso, Rafael García, explicó a RT que cientos de personas vivieron en la hacienda “sin las mínimas condiciones de higiene, salud y seguridad”.
Muchos de los denunciantes narraron que “los trabajadores morían intentando huir” y que “les amarraba durante días a los árboles, donde les mantenía durante días golpeándolos y torturándolos”. “Los que se quejaban por las condiciones de trabajo también eran castigados. Estaban sometidos a un terror psicológico y físico“, relató García.
La Fiscalía convocó al gigante alemán a una audiencia el 14 junio, en Brasilia, para analizar su responsabilidad. “Normalmente buscamos un acuerdo y de forma amigable y negociada intentamos resolver cuestiones de responsabilidad y de reconocimiento de los hechos, así como la reparación de los daños”, subrayó.
Para García este caso “es una prueba de la deuda que tiene el Estado con la sociedad en lo que respecta a las violaciones practicadas durante el régimen militar”.
“Integrar para no entregar”
Según la Fiscalía, la Hacienda Volkswagen, propiedad de la Compañía Vale do Rio Cristalino Agropecuária Comércio e Indústria (CVRC), subsidiaria de la empresa alemana, fue uno de los mayores emprendimientos rurales de la región amazónica, y estuvo sustentada por el régimen militar. Se dedicaba a la cría de ganado.
“La hacienda formaba parte del proyecto de la dictadura cívico-militar brasileña de desarrollar la Amazonía a través de grandes fincas”, recuerda la Fiscalía.
El régimen incentivó a los brasileños a instalarse en la selva amazónica para defenderla de la supuesta codicia extranjera –el lema era ‘Integrar para no entregar’–, con la promesa de otorgar títulos de tierra.
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El presidente Humberto de Alencar Castelo Branco sancionó una ley a través de la cual las empresas que invertían en la Amazonía tenían acceso a una serie de beneficios, entre ellos la exención de aranceles a la importación de maquinaria y equipo.
Y así Volkswagen entró en la Amazonía. La Fiscalía detalla que en la época la hacienda contaba con unos 300 empleados para funciones administrativas, de seguridad e inspección, pero las labores de deforestación las realizaban trabajadores sin vínculo laboral.
La hacienda tenía más de 139.000 hectáreas y su vegetación nativa se convirtió en áreas de pasto por medio de incendios controlados que realizaron contratistas, conocidos en la región como “gatos”.
Estos “gatos” estaban a cargo también de reclutar a trabajadores de pequeñas aldeas, principalmente, en el interior de Mato Grosso, Maranhão, Goiás y en la zona que hoy es el estado de Tocantins. Las denuncias por trabajo esclavo parten, en particular, de esos campesinos seducidos por los “gatos”.
Por su parte, Volkswagen afirmó en una nota, recogida por la prensa, que “refuerza su compromiso de contribuir con las investigaciones que involucran derechos humanos de manera muy seria”, pero “no se pronunciará sobre el asunto hasta que tenga claridad sobre todas las denuncias”.
A finales de la década de los 80, el gigante automovilístico vendió la hacienda y quedó inoperativa.
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