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Lo que se sabe de la retención de un grupo de mujeres acusadas de brujería por rondas campesinas en Perú

Lo que se sabe de la retención de un grupo de mujeres acusadas de brujería por rondas campesinas en Perú

Imagen ilustrativa. Ronderos campesinos patrullan en el distrito de Chota en Cajamarca, junio de 2021Ernesto Benavides / AFP

Polémica en Perú después de que un grupo de mujeres fuera retenido durante más de una semana por una ronda campesina del anexo de Carhuacocha, en el distrito de Chilia, provincia de Pataz, ubicada en el departamento de La Libertad, al noroeste del país.

Según los medios locales, la hechos ocurrieron el pasado 1 de julio; no obstante, la Defensoría del Pueblo sitúa el incidente el 29 de junio.

Tampoco hay claridad en cuanto al número de personas que fueron retenidas. Algunos medios e instituciones públicas señalaron que se trató de ocho mujeres, mientras que otros dijeron que fueron 10 personas en total: nueve mujeres y un hombre.

En lo que sí concuerdan todas las fuentes es que dos de las mujeres fueron liberadas con antelación, mientras que el resto de las personas afectadas quedó en libertad la madrugada de este martes.

Por la disparidad en las cifras, algunos medios informaron que las últimas liberadas fueron seis mujeres; pero el Ministerio Público informó la mañana de este martes que se trató de siete mujeres y un hombre, es decir, ocho en total.

“La Fiscalía de Pataz continuará con la investigación de oficio por el presunto delito contra la libertad, en agravio de estas personas”, afirmó la institución.

¿Por qué fueron retenidos?

El presidente de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas de La Libertad, Pablo Haro, sostuvo que la retención se debió a que estas personas presuntamente practicaron la brujería en contra de las personas de su localidad.

“Ellas mismas han hecho su declaración, han sido intervenidas ahí por unas prácticas de brujería“, comentó Haro, citado por RPP.

Por su parte, Manuel Quijano, presidente de las rondas campesinas de Chilia, señaló que estas personas “están plenamente identificadas” y “comprobados los trabajos de hechicería” que hicieron.

En este sentido, detalló que la decisión de someter a algún castigo a estas mujeres fue tomada de forma comunal y en asamblea, luego de que varias familias señalasen ser víctimas de las prácticas de hechicería y de algunas muertes que se dieron “de manera secuencial” en la zona.

Según el prefecto regional de Pataz, Pablo Luis Contreras, las mujeres retenidas solo estaban cumpliendo trabajos comunitarios, conocidos como “cadena ronderil”, como parte de las sanciones impuestas por las rondas.

Video sobre torturas

Los familiares de dos de las víctimas hicieron una denuncia por secuestro ante la Policía Nacional y también elevaron el hecho a la Defensoría del Pueblo.

En una nota de prensa, emitida el pasado 9 de julio, la Defensoría del Pueblo señala que las mujeres “habrían sufrido agresiones y actos de tortura y crueldad“.

La institución hace referencia a dos adultas mayores, específicamente; y los señalamientos sobre tortura derivan de un video que fue difundido en un medio de comunicación local.

De las imágenes propaladas se aprecia que la ronda habría colgado de un pie a una de ellas, así como realizado otras acciones degradantes, afectando gravemente la dignidad, integridad física y salud de ambas”, dice la Defensoría del Pueblo.

José Luis Agüero, jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, también insistió en que las mujeres fueron torturadas y rechazó que estuviesen haciendo trabajos comunitarios. 

“El prefecto acaba de decir que la cadena ronderil que están haciendo estas mujeres constituiría en hacer trabajo social, pero eso no es así. La cadena ronderil que se ha estado realizando es una sanción que consiste en hacer vigilia los castigados, en este caso las dos mujeres, de día y de noche. Las pasan por comunidades y las castigan. Las desnudan, les ponen ortiga en el cuerpo, muchas veces con el látigo. No es que hagan trabajo social, eso no es verdad”, aseguró Agüero, en entrevista con el programa ‘La Rotativa del Aire Edición Noche’ de RPP.

El sábado se pronunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich. En un video publicado en Twitter también hizo referencia al material audiovisual publicado en la prensa y señaló que los hechos ocurridos en Chilia son “lamentables”.

“Nuestros servicios, tanto del Centro de Emergencia de Pataz como de Trujillo, estamos en disposición de recibir y acoger a las víctimas de estos hechos deplorables y esperamos que haya una investigación exhaustiva, célere y que se sancione a los responsables y culpables”, dijo Miloslavich.

“Ese video es trucado”

Sobre el video publicado en la prensa y al que hacen referencia la Defensoría del Pueblo y la ministra Miloslavich, donde se aprecia a una mujer colgada de un pie con una cuerda, Quijano indicó que las imágenes no corresponderían a espacios de la comunidad.

Acá en el lugar de los hechos no se ha dado ese caso. Podemos pensar o nos hace pensar que ese video es trucado, es en otro lugar”, sostuvo el titular de las rondas campesinas de Chilia en entrevista con Exitosa.

Sin embargo, indicó que investigarán los hechos. “De encontrar culpables, también los vamos a disciplinar, los vamos a sancionar”, comentó Quijano, argumentando que las rondas campesinas respetan el estado de derecho y los derechos de las mujeres.

Condiciones para la liberación

Quijano había señalado que la liberación de las personas retenidas se daría si los familiares retiraban la denuncia por secuestro que interpusieron en contra de los dirigentes ronderiles, según acordaron las más de 2.000 personas que componen las rondas campesinas de Chilia.

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Asimismo, otra de las condiciones era que, una vez liberadas, las mujeres abandonaran la localidad.

Finalmente, la liberación se dio la madrugada de este martes. Las personas liberadas fueron Florencia Aranda (45 años), María Juana Campos Santisteban (62), Rosa Rojas Paz (70), Antonia Torres Espinoza (79), Octavia Campos de la Cruz (60), Erminia Ortega López (59), Irene De la Cruz Castillo (65) y Alfonso Campos Paz (43), según un parte policial al que tuvo acceso RPP.

En el documento se precisa que las personas “estarían en aparente buen estado de salud” y fueron entregadas a sus familiares “luego de haber firmado sus actas de compromiso”, después de la reunión de las rondas.

Asimismo, se dejó constancia de que apenas una de estas personas, concretamente Octavia Campos de la Cruz, aceptó acudir al área de Medicina Legal para someterse a un examen.

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