Una investigación de Citizen Lab denuncia que 65 políticos y líderes catalanes fueron espiados con el ‘software’ Pegasus
Sin embargo, más allá de España, y un tercero que hubiera podido cobrar para semejante encargo, no parece que haya nadie lo suficientemente interesado en la cuestión catalana como para gastarse una millonada y violar el derecho internacional. Claro que, si no encuentran a nadie, siempre tienen a los rusos a mano, que son un buen chivo expiatorio si la cuestión se complica.
Siguiendo con la autoría, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil o el Gobierno han negado la mayor y, tan solo, el CNI, los servicios de inteligencia españoles, ofrece alguna grieta. Pues el CNI no niega poseer ‘Pegasus’, pero aseveran que han sido escrupulosos con la legislación y alegan que guardan silencio porque la legislación así lo exige. Legislación, la de los secretos oficiales, todo sea dicho, de origen franquista. Cosas de la “democracia plena” española.
Los inquietantes antecedentes
Existen, además, inquietantes antecedentes, pues los servicios de inteligencia españoles deben cumplir la Ley de Control Judicial Previo. Una ley que fue aprobada en el año 2002 para poner algo de control al ‘escándalo Manglano’, un caso que destapó el masivo espionaje a múltiples personalidades durante los años noventa. Fue en 1995 cuando se desveló que el Cesid, como entonces se denominaba el CNI, llevaba una década espiando y grabando a periodistas, políticos, empresarios y otras personalidades. No fue un caso aislado, sino que tuvo clara continuidad temporal. En los años de Mariano Rajoy (2011 a 2018) la ‘Policía Patriótica’ alcanzó su apogeo y las actividades del ‘Comisario Villarejo’ ofrecieron una continuidad temporal de las sucias actividades policiales del franquismo y los años ochenta y noventa. Y es que la fontanería española no ha descansado desde hace décadas.
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra de España.
Más allá de las bonitas palabras que los políticos espolvorean en sus intervenciones públicas, una de las consecuencias más evidentes del escándalo de espionaje en España es la ausencia de un Estado de derecho real. Porque lo peor no es ni siquiera la perpetración de este, sino la ausencia de consecuencias.
Por si fuera poco, existen hechos todavía más inquietantes. Por un lado, un medio ha difundido la relación entre el juez encargado de autorizar el espionaje y la vicepresidenta Carmen Calvo y, por otro lado, los cebos con los que intentó infectar los dispositivos de los políticos catalanes demuestran que hubo un espionaje previo. Demasiado personalizados para no saber de ellos. Además, el espionaje previo queda más que demostrado con la detención en Alemania de Carles Puigdemont en marzo de 2018. Como última reseña, recordar que el CNI estuvo usando un software espía similar a ‘Pegasus’ de la compañía italiana Hacking Team.
Sin responsabilidades
Como viene siendo habitual, a pesar de la magnitud del escándalo, tanto el Gobierno español como la mayoría de los medios de comunicación están haciendo lo posible para minimizar las consecuencias derivadas de tan criminal episodio. No es que parezca complicado que, tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como la directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, vayan a asumir responsabilidades judiciales, es que, tal y como transcurren los acontecimientos mediáticos, ni tan siquiera se atisban responsabilidades políticas o mediáticas.
Porque la ministra de Defensa y la directora del CNI son las máximas responsables de lo acontecido, ya sea por acción, haber espiado, o por negligencia, haber permitido el espionaje. Y no se trata de señalar por señalar, ya que, si nos remontamos a los ocurrido en 1995, cuando estalló el escándalo del espionaje, tanto el ministro de Defensa, Julián García Vargas, como el director de los servicios de inteligencia, el entonces general Emilio Alonso Manglano, dimitieron —también lo hizo Narcís Serra, entonces vicepresidente, por sus años como ministro de Defensa—. Sin embargo, ni la ministra ni la directora del CNI son señaladas en forma alguna.
Sin Estado de derecho
Más allá de las bonitas palabras que los políticos de las democracias liberales espolvorean en sus intervenciones públicas, una de las consecuencias más evidentes del escándalo de espionaje en España es la ausencia de un Estado de derecho real. Porque lo peor del escándalo no es ni siquiera la perpetración de este, sino la ausencia de consecuencias. Una ausencia de consecuencias que, no solo invita a volver a repetirlo, sino que demuestra muy a las claras la existencia de un sistema de impunidad estatal y un aparato judicial, mediático y político cómplice con las actividades delictivas más perniciosas de la democracia, aquellas que atentan, erosionan, socaban y, finalmente, colapsan el Estado de derecho. Y es esta ausencia de Estado de derecho y de un modelo realmente democrático el origen de todos los males de las democracias liberales. Ultraderecha, ahora que miramos a Francia con preocupación, incluida.
Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de RT.
- Cataluña
- España
- Espionaje
- Política
- internacional
