El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el 4 de julio del 2022Luis Barron / Eyepix Group / Gettyimages.ru
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lunes que publicaría un acuerdo para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que generó un aluvión de críticas de organizaciones y activistas, que en un primer momento advirtieron que la indicación del mandatario contraviene directamente el texto constitucional.
“Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa“, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.
1. La Guardia Nacional es “civil”
La Constitución mexicana establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Además, la carta magna refiere que la federación contará “con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional“.
Un soldado de la Guardia Nacional vigila en Hermosillo, México. 2 de julio de 2020Luis Gutierrez/NortePhoto.com / Legion-Media
En seguida, el texto establece que la Guardia Nacional “estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.
En ese mismo sentido se mantiene la Ley de la Guardia Nacional, que refiere que “es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional”, que está “adscrita como órgano administrativo desconcentrado” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La inclusión de la Guardia Nacional en la SSPC fue a raíz de las críticas que generó la propuesta de creación de la naciente corporación, por lo que se acordó, con los partidos de oposición, que se ubicaría administrativamente en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
2. Falta de reformas constitucionales
La segunda cuestión que provocó polémica en el país latinoamericano es que no se puede contravenir la Constitución por medio de un acuerdo presidencial. Al respecto, López Obrador adelantó que analizaría si podía realizar modificaciones a la legislación, incluyendo una eventual “reforma a la Ley de la Administración Pública”.
Para aprobar reformas constitucionales, el mandatario requeriría del voto de una mayoría calificada del Congreso, que es de dos terceras partes de los legisladores de ambas Cámaras. Actualmente, el oficialismo necesitaría del apoyo de algún partido de la oposición para continuar con el trámite.
Por ello, López Obrador expresó que hacían falta esos cambios a la Guardia Nacional, “independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional“.
“El presidente de la República no puede ni en ‘fast track’, ni por acuerdos presidenciales, ni decretos desconocer lo que la Constitución marca, que es la norma superior“, criticó el investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Javier Martín Reyes, en entrevista con MVS Radio.
Para aprobar reformas constitucionales, el mandatario requeriría del voto de una mayoría calificada del Congreso, que es de dos terceras partes de los legisladores de ambas Cámaras. Es decir, requeriría del apoyo de algún partido de la oposición.
Asimismo, el académico de la UNAM recalcó que el carácter civil de la corporación fue producto de un pacto con todas las fuerzas políticas, en el que “se le daba al presidente la posibilidad, acotada y limitada durante cinco años, de efectivamente utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero al mismo tiempo se le dio al mandato de construir una institución de carácter civil que era la Guardia Nacional”.
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3. Militarización de facto
En cambio, a juicio de Reyes, “lo que ha venido haciendo el presidente es militarizar, de facto, a la Guardia Nacional”.
Por otra parte, la Guardia Nacional se compone mayoritariamente de elementos provenientes de las Fuerzas Armadas. De los 100.528 agentes que conformaban la institución en marzo de 2021, 59.565 eran militares provenientes de la Sedena, 15.211 miembros fueron adheridos desde la Secretaría de Marina (Semar), y únicamente 25.752 eran expolicías federales, según reportó Animal Político.
“La militarización de la seguridad pública y ahora también del gobierno civil se ha hecho desde siempre de manera ilegal, siempre se ha hecho violando el Estado de derecho”, expuso la especialista en seguridad Lisa Sánchez en entrevista con la cadena N+.
“La Constitución es muy clara desde hace muchísimo tiempo que la seguridad pública le compete a las autoridades civiles, y que le compete únicamente a policías y ministerios públicos”, agregó.
Críticas de organizaciones
Tras el anuncio de López Obrador, organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la creciente militarización de la seguridad pública, denunciaron su ineficacia para reducir la violencia y alertaron sobre la falta de construcción de una policía civil, siguiendo los estándares internacionales.
⚠️ Adscribir la #GuardiaNacional a la #SEDENA mediante #AcuerdoPresidencial -como se anunció en la conferencia matutina de hoy- implicaría eludir el debate legislativo para contravenir la Constitución y profundizar la militarizaciónConsulta #PoderMilitarhttps://t.co/X68JpyqB65pic.twitter.com/K9DjzxTtTE
— Centro Prodh (@CentroProdh) August 8, 2022
Desde la Fundación para la Justicia expresaron su preocupación porque “la militarización en el país se vea como la única respuesta para resolver problemas fundamentales, como la seguridad, sin que ni siquiera haya habido en este gobierno un intento por construir una policía civil”.
Esta militarización no ha servido para reducir el delito ni para acabar con la impunidad. Por el contrario, ha alimentado el conflicto y generado violaciones graves a los Derechos Humanos sobre las que no se he hecho justicia 📄👉🏽https://t.co/DPXx72Oi5Lpic.twitter.com/Et1SE0jcJo
— México Unido (@MUCD) August 9, 2022
Por su parte, la organización de la sociedad civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) recordó que la militarización en seguridad pública en México “no ha servido para reducir el delito ni para acabar con la impunidad”, y que, por el contrario, “ha alimentado el conflicto y generado violaciones graves a los derechos humanos sobre las que no se he hecho justicia”.
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