Un nuevo capítulo en el pulso entre el presidente Jair Bolsonaro y la Justicia brasileña ha salpicado ahora al Ejército. El juez de la Corte Suprema Luis Roberto Barroso afirmó este fin de semana que los militares “están siendo orientados” para “desacreditar y atacar el proceso electoral“, en referencia a las elecciones presidenciales del 2 de octubre.
“Desde 1996 no hay un episodio de fraude en Brasil. Elecciones totalmente limpias, seguras y auditables. ¿Y ahora van a usar las Fuerzas Armadas para atacarlo?”, cuestionó Barroso, expresidente de Tribunal Superior Electoral (TSE).
El magistrado recordó episodios como el desfile de tanques el pasado mes de agosto en la Explanada de los Ministerios en Brasilia –donde se encuentran todos los edificios del poder público– y que fue interpretado como un intento de Bolsonaro de intimidar al Congreso.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, organizó hoy un inédito desfile militar frente a la Presidencia y al Congreso en Brasilia, en medio de un clima de tensiones institucionales por sus reiterados ataques al sistema electoral del país. Foto: Hugo Barreto – Metropoles pic.twitter.com/gnOXnA11Um
— Mídia NINJA (@MidiaNINJA) August 10, 2021
También mencionó los constantes ataques del ultraderechista que, sin prueba alguna, repite que el sistema de voto electrónico utilizado desde 1996 en Brasil se presta a fraude, pues considera que las urnas pueden ser pirateadas fácilmente.
“Irresponsable”
“Defender la soberanía nacional es el deber de las Fuerzas Armadas. Las elecciones democráticas y transparentes nos hacen un país soberano, por eso nuestras Fuerzas Armadas estarán siempre vigilantes por el bien de nuestro pueblo”, escribió este lunes en las redes sociales el ministro de la Presidencia, el general Luiz Eduardo Ramos.
Por su parte, en un comunicado, el titular de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, calificó de “irresponsables” y de “ofensa grave” las declaraciones de Barroso.
“Afirmar que las Fuerzas Armadas fueron orientadas para atacar el sistema electoral, sin presentar pruebas o evidencias sobre quién las orientó o cómo ocurrió es irresponsable y constituye una ofensa grave a las instituciones nacionales permanentes del Estado brasileño”, aseguró.