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Brian Wimes, juez federal del Distrito occidental de Misuri (EE.UU.), no permite a una joven llamada Khorry Ramey, de 19 años, asistir a la ejecución de su padre, Kevin Johnson, porque la ley estatal prohíbe que las personas menores de 21 años presencien ese tipo de actos, informaron este sábado medios locales.
Frente a ello, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó esta semana una demanda en nombre de Ramey para solicitar a un tribunal federal que le conceda permiso para estar presente durante la aplicación de la pena de muerte a su progenitor argumentando que la legislación viola los derechos constitucionales de la joven.
A federal court judge has denied a 19-year-old’s request to watch her father’s execution in Missouri. https://t.co/z05CAPpco3
— Fort Wayne's NBC (@FortWaynesNBC) November 26, 2022
En su fallo, Wimes indicó que Ramey no demostró la “inconstitucionalidad”, detallando que sigue siendo “de interés público permitir que los estados hagan cumplir sus leyes y administren las prisiones estatales sin intervención judicial”.
Johnson, de 37 años, fue encarcelado en 2005 por asesinar al oficial de policía William McEntee con un arma de fuego. Su ejecución está prevista para el próximo martes. De llevarse a cabo, sería la quinta pena capital realizada este mes en todo EE.UU.
“Estoy destrozada”
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“Estoy destrozada porque no podré estar con mi padre en sus últimos momentos”, señaló la joven en un comunicado. “Rezo para que [el gobernador Mike] Parso le dé clemencia a mi papá”, añadió, asegurando que durante su estancia en prisión ha trabajado muy duro para reinsertarse en la sociedad.
Durante una rueda de prensa, Shawn Nolan, abogado de Johnson, afirmó que es irónico ver que el hombre tenía 19 años cuando cometió el crimen y todavía quieren seguir adelante con su ejecución, y, a su vez, no permiten a su hija, que tiene esa misma edad ahora, entrar en la sala donde se realizará la pena capital argumentando que es demasiado joven.
Por su parte, Coren Kendrick, abogada de Ramey y subdirectora del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, cree que negarle el derecho de ver los últimos instantes de su padre es un “castigo gratuito” teniendo en cuenta que cuando solo tenía cuatro años fue testigo de cómo asesinaban a su madre de un disparo.
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