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Las autoridades de Corea del Sur descubrieron una red criminal que distribuyó contenido de carácter sexual con menores de edad a través de Telegram. Se trata del segundo gran escándalo de explotación sexual digital que sacude a este país en los últimos años, recoge el periódico South China Morning Post.
El nuevo escándalo involucra a un criminal, al que se ha llamado ‘L’, que obligó a menores a realizar actos sexualmente degradantes ante la cámara y obtuvo dinero con su distribución y venta a través de 30 salas de chat secretas de Telegram. Para capturar a L y a sus posibles cómplices, así como a los espectadores del contenido ilegal, la Policía surcoreana asignó más personal a la investigación y creó un grupo de trabajo especial.
El caso ha sido denominado ‘segundo caso de la Sala Enésima’, en referencia a otro gran delito de esclavitud sexual y pornografía infantil que se descubrió en los años 2019 y 2020.
No obstante, los crímenes que involucran a L podrían ser peores, ya que la Policía anunció que las siete víctimas descubiertas hasta ahora eran incluso más jóvenes que las niñas involucradas en el primer caso de la Sala Enésima, además de que las tácticas que usó L para atraerlas fueron aún más crueles.
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El caso de la Sala Enésima
La Sala Enésima es una sala de chat secreta de Telegram donde mujeres fueron obligadas a realizar actos degradantes de carácter sexual y luego chantajeadas. Alrededor de 260.000 usuarios participaron en estos grupos, y más de 100 mujeres, 26 de ellas adolescentes, se convirtieron en víctimas de esta red. Los materiales pornográficos fueron vendidos a más de 60.000 personas.
La red fue revelada por primera vez en noviembre de 2019 por el diario Hankyoreh. En marzo de 2020, luego de aparecer detalles de casos concretos de los abusos, fue arrestado Cho Ju-Bin, uno de los administradores de la Sala Enésima. El creador de la red, Moon Hyung-wook, fue condenado a 34 años de la cárcel, mientras que Cho, el fundador de otra sala donde participaron al menos 10.000 usuarios, recibió una sentencia de 45 años.
La reacción del Gobierno
Tras el caso de la Sala Enésima, en diciembre de 2021 el Gobierno surcoreano aprobó una ley que endureció las condenas por delitos sexuales. Otra medida fue obligar a las plataformas digitales con unas ventas anuales de más de 1.000 millones de won (unos 710.000 dólares) a contribuir más activamente en la eliminación de contenido ilegal.
Sin embargo, la legislación puede aplicarse solo a las plataformas digitales abiertas, mientras que los abusos de la Sala Enésima se difunden a través de canales privados de servicios de mensajería como Telegram. Además, las enmiendas fueron criticadas por establecer censura, y usuarios denunciaron que algunas plataformas empezaron a negarse a publicar contenido que de ninguna forma infringía la ley, como fotos de gatitos.
Un trabajador de la Comisión Coreana de Estándares de Comunicación trabaja en la búsqueda en Internet de vídeos sexuales publicados sin consentimiento para proceder a eliminarlos.Ed Jones / AFP
Yoon Suk-yeol, el actual presidente de Corea del Sur y entonces candidato presidencial del Partido del Poder Ciudadano, destacó que “la ley de prevención de la Sala Enésima” debe ser corregida para no violar el artículo 18 de la Constitución surcoreana, que “garantiza la confidencialidad de la correspondencia de todas las personas”, según lo cita The Korea Herald. “La ley de prevención de la Sala Enésima carece de la capacidad de prevenir un nuevo crimen del tipo del de la Sala Enésima, pero hace temer una censura aplicada a la mayoría absoluta de los ciudadanos inocentes”, criticó Yoon.
Críticas de los defensores de DD.HH., periodistas y expertos
Pese a la adopción de esa ley encaminada a reducir el número de delitos en Internet, en Corea del Sur “ha tenido lugar un crecimiento considerable de los crímenes sexuales digitales”, según un informe de Amnistía Internacional publicado hace dos meses.
“El Gobierno no puso en práctica un sistema estable de respuesta de emergencia ante la violencia sexual digital. Tampoco adoptó medidas suficientes, tales como cooperar con operadores de plataformas extranjeras, para evitar más distribución de materiales ilegales o no consensuales a través de la Red”, constató Amnistía Internacional explicando las causas del mal funcionamiento de la legislación en este ámbito.
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Won Eun-ji, la periodista investigadora que reveló los primeros casos de la Sala Enésima hace dos años, también plantea la cuestión de que las redes digitales de abuso sexual pueden estar activas durante mucho tiempo porque las víctimas, en particular las que son menores de edad, no denuncian el crimen ante la Policía ni se lo cuentan a sus padres. “Las víctimas menores tienen que dirigirse a las autoridades con sus padres, lo que crea obstáculos para muchos”, explicó Won, agregando que medidas como el endurecimiento de condenas, el control de Internet, la ayuda legal y las medidas preventivas no eliminan la necesidad de que las propias víctimas comuniquen los crímenes.
La opinión de Won la apoyó Kim Hyun-geol, el jefe de la Asociación Coreana de Ciberseguridad, quien detalló que solo un 30% de los crímenes digitales en el país se reportan a la Policía. Sin embargo, según las estadísticas de 2021, de 10.073 casos reportados solo 2.330 fueron resueltos.
Al mismo tiempo, Won dijo que en los dos años posteriores al caso de la Sala Enésima tuvieron lugar “mejoras de seguridad y de aplicación de la ley”.
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