El diputado brasileño Daniel Silveira en el Palacio del Planalto, en Brasilia, el 31 de marzo de 2022Evaristo SA / AFP
En Brasil ha ocurrido un nuevo conflicto de poderes tras la decisión del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de conceder un inédito indulto al diputado federal Daniel Silveira, apenas 24 horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo condenara a ocho años de prisión por ataques a la democracia.
El mandatario anunció el pasado jueves, en una transmisión en vivo en sus redes sociales, que firmaría un decreto, en el que había comenzado a trabajar desde que se anunció el fallo judicial, para conceder la “gracia constitucional” a Silveira. “Es una noticia de extrema importancia para nuestra democracia y nuestra libertad“, dijo.
“La gracia de la que se trata este decreto es incondicionada y será concedida independientemente del tránsito en el juicio final de la sentencia penal condenatoria”, agregó el presidente brasileño.
En el documento, publicado en sus redes, Bolsonaro afirmó que su determinación se basó en la prerrogativa presidencial para conceder indultos como “medida fundamental para mantener el Estado Democrático de Derecho” y en la libertad de expresión como “pilar esencial de la sociedad”. Además, hizo referencia al marco de mantenimiento de “pesos y contrapesos en la tripartición de poderes” y la labor que tiene de “velar por el interés público”, debido a que la sociedad está en “legítima conmoción” ante la condena de un parlamentario protegido por la “inviolabilidad de opinión que le otorga la Constitución”.
– DECRETO PRESIDENCIAL: Graça ("indulto") ao Deputado Federal Daniel Silveira. pic.twitter.com/B28qZE7Rmf
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 21, 2022
El pasado miércoles, el diputado del derechista Partido Laborista de Brasil (PTB, por sus siglas en portugués) fue condenado a ocho años y nueve meses de “prisión en régimen cerrado” por “estimular actos democráticos y atacar instituciones”, entre las que se encuentra el propio STF. En la decisión también se determinó que debía abandonar su cargo, perder sus derechos políticos y pagar una multa de 212.000 reales, unos 45.000 dólares.
Un “escudo protector para el odio”
El fallo en contra de Silveira fue respaldado por nueve de los once magistrados del máximo tribunal. El relator fue el togado Alexandre de Moraes, quien aseveró que el parlamentario hizo graves amenazas al Poder Judicial y que la libertad de expresión contemplada en la Carta Magna no puede ser un “escudo protector de actividades ilícitas, para el discurso de odio, contra la democracia y las instituciones”. Lo expresado por el magistrado fue cuestionado por el mandatario, que considera que su decisión fue personal.
En un análisis hecho por Gerson Camarotti, columnista de G1, este aseveró que el indulto hecho por Bolsonaro está llevando “al límite” la relación con la cúpula del Poder Judicial brasileño y que esto podría significar que, frente a las venideras elecciones presidenciales de octubre, el bolsonarismo envía el mensaje de que no habrá limites.
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El diputado bolsonarista, que abandonó el Cuerpo de Policía en 2018 para entrar en la Cámara, fue arrestado en febrero de 2021 por divulgar videos en los que hacía apología del Acta Institucional 5 (AI-5) –un decreto emitido en 1968 durante la represiva dictadura militar– y defendía el cierre del Supremo.
Fue puesto en libertad provisional en noviembre pasado, con la condición de que se abstuviera de comunicarse con otras personas investigadas en el caso y se mantuviera alejado de las redes sociales.
Sin embargo, tras un pedido de la Fiscalía, que denuncia que el parlamentario aprovecha sus apariciones públicas para atacar al STF y a sus miembros, el juez de Moraes dictaminó que debía utilizar de forma inmediata la tobillera de vigilancia. Silveira se negó a hacerlo, pero luego se la colocó el 31 de marzo, cuando fue amenazado con multas y el bloqueo de sus activos.
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