Leah Willingham / AP
Una jueza de Virginia Occidental, EE.UU., impidió este lunes que las autoridades estatales vetaran la práctica del aborto en virtud de una prohibición del siglo XIX, después de que la Corte Suprema del país revocara el pasado mes el derecho constitucional a interrumpir el embarazo.
La decisión de Tera Salango ahora permite que la única clínica abortista del estado reanude sus servicios, que suspendió por temor a ser procesada tras la anulación del histórico caso Roe contra Wade de 1973, informa Reuters.
La oficina del fiscal general republicano de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, había declarado que la ley de la era de 1800 podría volver a entrar en vigor, convirtiendo en delito el hecho de abortar, con excepciones únicamente para proteger la vida de la mujer embarazada.
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Por su parte, los abogados de la clínica argumentaron que la antigua ley es nula porque no se ha aplicado en más de 50 años y ha sido sustituida por una serie de leyes modernas que regulan el aborto y reconocen el derecho de la mujer al procedimiento, entre ellas un decreto de 2015 que permite interrumpir el embarazo hasta las 20 semanas de gestación.
La jueza coincidió con la postura de la clínica, diciendo que las leyes recientemente promulgadas “entran irremediablemente en conflicto con la prohibición del aborto penal” y que sería “injusto” permitir que esta confusión permanezca en la legislación.
“El código está repleto de ejemplos de conflictos innegables en la ley que parecen fundamentales e irreconciliables, haciendo que la ley sea incongruente por cualquier lectura”, dijo Salango, citada por ABC News, sobre la penalización del aborto y lamentó que los médicos y sus pacientes sufran por ello.
“No importa si uno está a favor del aborto o en contra”, dijo la magistrada. “Todos los ciudadanos de este estado tienen derecho a conocer claramente las leyes bajo las que se espera que vivan”, aseveró.
El fiscal Morrisey, por su parte, anunció que apelaría la orden judicial preliminar ante el más alto tribunal del estado, alegando que la ley actual “pide la protección de la vida”, recoge Reuters.
Este caso es uno de los muchos que los defensores del derecho al aborto han presentado a nivel nacional para intentar detener la entrada en vigor de las prohibiciones y restricciones al respecto en distintos estados, en su mayoría gobernados por los republicanos, tras el dictamen de la Corte Suprema del 24 de junio.
Más de una decena de estados del país tienen denominadas leyes “gatillo”, diseñadas para ser aplicadas en caso de que se anule la sentencia Roe contra Wade, mientras que alrededor de la mitad de los estados podrían prohibir o restringir el aborto después del fallo.
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