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La petrolera canadiense New Stratus Energy (NSE) informó que acudirá a un “arbitraje internacional formal” para resolver una disputa que se generó con Ecuador.
La empresa reclama al país suramericano, a través de su filial Petrolia, 260 millones de dólares por “daños”, ante la negativa del Gobierno de renegociar sus contratos en los bloques petroleros 16 y 67, ubicados en la Amazonía ecuatoriana.
Los contratos finalizan el próximo 31 de diciembre, pero NSE buscaba ampliarlos por 15 o 20 años más.
A través de un comunicado, publicado el pasado lunes, NSE detalló que sostuvieron una reunión en Quito con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el ministro de Energía, Fernando Santos, en la cual el Gobierno informó a la compañía “que no tiene la intención de cumplir con su obligación legal y contractual de designar el Comité de Negociaciones requerido para la extensión y migración de los contratos de los bloques 16 y 67”.
“La corporación está conmocionada por este repentino cambio de postura del presidente, quien en varias reuniones anteriores había acogido y alentado los planes de la corporación para buscar las prórrogas contractuales”, dice la compañía.
Según la firma, tanto Lasso como Santos les comunicaron que “esta decisión tiene motivaciones políticas”.
La controversia
Este jueves, el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador se pronunció y señaló que el reclamo de la compañía es “totalmente infundado” y “carente de validez”. La cartera estatal explicó que la controversia data desde 2020.
📍[COMUNICADO OFICIAL]📄📌Sobre la culminación de los contratos pertenecientes a los bloques 16 y 67, ubicados en la región amazónica, que ha devenido en un supuesto conflicto entre una operadora petrolera privada y el Estado ecuatoriano, este Ministerio informa lo siguiente⤵️ pic.twitter.com/FZRHhgdGw1
— Ministerio de Energía y Minas Ecuador (@RecNaturalesEC) December 8, 2022
Ese año, de acuerdo con la institución, NSE intentó adquirir los derechos de Repsol sobre los bloques 16 y 67, que representan una tercera parte de ellos, pues existen otras compañías que conforman el consorcio titular de los campos petroleros.
“De conformidad con la ley, esta transacción debía ser aprobada por el Ministerio de Energía y Minas. Para ello la autoridad tenía que asegurarse que la cesionaria, New Stratus, cumpla con los requisitos que exige la Ley de Hidrocarburos en su artículo 2, esto es demostrar probada experiencia y solvencia técnica y financiera”, explica la cartera estatal.
Al respecto, señala que la compañía no demostró estos requisitos, por lo que el Ministerio, el 1 de diciembre 2020, negó la autorización de adquisición de los activos de Repsol a NSE.
En 2021, según Energía y Minas, la firma insistió nuevamente en obtener dicha autorización, “trámite que no ha sido finiquitado puesto que, pese a los requerimientos de esta autoridad, aún no presenta documentación que acredite su experiencia y solvencia para manejar esos bloques”.
Sin embargo, aunque el trámite de autorización no se ha completado, el Ministerio señaló que NSE “ha operado los bloques 16 y 67 y ha recibido una cuantiosa suma por tarifa de servicios por barril producido” y el plazo contractual vence el 31 de diciembre, tras lo cual deberá revertir la infraestructura y las operaciones al Estado.
Sobre el comité que solicitó NSE para negociar una posible extensión del contrato, las autoridades ecuatorianas señalan que “ni en la ley ni en sus cláusulas existe para el Estado obligación de nombrar tal comisión”.
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“La extensión del plazo de un contrato petrolero es un acto de soberanía del Estado, que se da siempre que convenga a sus intereses y es, por lo tanto, una facultad discrecional de la autoridad”, enfatiza el Ministerio de Energía y Minas.
“Ilegal y éticamente inaceptable”
El Gobierno recordó que a NSE se le notificó que podría participar en el proceso de licitación que se hará al término del contrato, mediante un proceso abierto y transparente, en el que “la mejor oferta sea la ganadora”.
“New Stratus reaccionó negativamente a esta gentil invitación del Estado e insistió en que se les entreguen los bloques en un sistema no competitivo, lo cual es ilegal y éticamente inaceptable”, detalló Energía y Minas.
Ante toda esta situación, el Gobierno ecuatoriano “lamenta el malentendido” y “confía en que a través del diálogo se solucione”.
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