Una gasolinera de ConocoPhillips en San Antonio, Luisiana, EE.UU.Dean Hanson/Journal / www.globallookpress.com
El Gobierno venezolano rechazó “categóricamente” el lunes la decisión de un juez de la Corte Estatal de Washington mediante la cual se obliga a Venezuela a pagar a la empresa petrolera estadounidense ConocoPhillips cerca de 8.700 millones de dólares como compensación por la expropiación de proyectos de la compañía en el país latinoamericano.
Caracas tachó el dictamen de “injusto” y afirmó que este viola “el derecho a la defensa” de “activos, bienes y recursos” de la nación “con la complicidad de extremistas apátridas venezolanos, entre ellos Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, quien actuando en componenda con agentes extranjeros pretenden favorecer a ConocoPhillis”.
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“Con esta írrita e ilegal decisión se pretende consumar un paso de la intricada trama de corrupción que facilite la entrega de los activos venezolanos a potencias extranjeras mediante fraudes procesales donde se le impide a los representantes legítimos de Venezuela la defensa integral y efectiva de los intereses” del país, reza el comunicado oficial.
Frente a la situación, Caracas comunicó a la comunidad internacional las evidentes
maniobras “con las que se pretenden justificar el expolio y el fraude contra una nación
soberana”, ya que, “con esta medida, EE.UU. no solo viola el Derecho Internacional”, sino que “además pone en evidencia la ausencia de garantías y de justicia” para cualquier Estado.
Venezuela aseguró que “jamás renunciarán a la defensa legítima de sus derechos e intereses” y prometió que “continuará activamente con las acciones legales contra los apátridas que participaron en este fraude”.
Esta no es la primera vez que Caracas se ve envuelta en una disputa legal con la energética norteamericana. En 2019, el Tribunal de Arbitraje del Centro Internacional para la Solución de Controversias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial decidió que Venezuela debía pagar a ConocoPhillips Energy Corporation más de 8.000 millones de dólares, en una demanda relacionada con la nacionalización de la industria petrolera del país sudamericano en 2007.
Un año antes, en 2018, un tribunal arbitral constituido bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) emitió un fallo según el cual la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenía que pagar a ConocoPhillips 2.000 millones de dólares, reclamados por la empresa en medio de una disputa legal por la expropiación de sus activos en el país latinoamericano.
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