El ataque machista a la ministra de Igualdad de España que recabó apoyos en Latinoamérica
Se trataba, y se trata, de una medida que tenía como objetivo convertir a España en vanguardia de los derechos del colectivo LGTBI, como en el pasado se convirtió en avanzadilla del matrimonio homosexual. Pero difícilmente la situación puede haber terminado de peor manera, hasta el punto de convertirse en un punto de confrontación entre distintos actores, incluidos el PSOE y Unidas Podemos, que este mismo lunes rompieron las negociaciones.
Mientras, todo un colectivo está pendiente de ese perverso juego bélico llamado política en el que el contexto y los intereses de cada partido tiene tanto o más valor que las necesidades de los colectivos y en el que hay que añadir otro factor más de consideración: durante 2023 se celebrarán elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y elecciones generales en algún momento del segundo semestre.
Así, sobre la ‘ley trans’ pesa la amenaza de convertirse, como la ley del ‘solo sí es sí’, en una ofensiva fallida que provoque virulentos ataques contra su promotora, Irene Montero; el partido que la ha impulsado, Podemos; y el actual Gobierno. Por ello, todos calculan bien los riesgos, hasta tal punto que el PSOE está dispuesto incluso a negociar con el PP, mientras Unidas Podemos no está dispuesta a ceder un ápice y cuenta con el apoyo de ERC, PNV y Más País. Además, en este caso la confrontación de parte del feminismo, que también se encuentra enfrascada en su propia guerra civil, dificulta todavía más la situación.
Por todo ello, la situación ha llegado a un punto culminante este lunes a primera hora cuando se rompieron los contactos entre el PSOE y Unidas Podemos, por lo que las 37 modificaciones presentadas por el PSOE no han sido retiradas y se mantienen como una amenaza para el proyecto legislativo.
El problema principal que ha provocado el choque entre el PSOE y Unidas Podemos ha sido la medida que permite que los mayores de 14 años y menores de 16 años puedan solicitar la rectificación de la mención registral del sexo sin más condiciones que la asistencia de sus representantes legales, lo que el PSOE entiende que puede ser una vulneración para los menores debido a la falta de madurez.
“Una vez más, una ley, y aquellas personas que se ven afectadas por la aprobación de esta, han quedado reducidas a figuritas en un gran mapa de operaciones en el que lo que cuenta es ganar la guerra. O al menos no perderla”.
En el fondo, al PSOE esta cuestión no le resulta ni mucho menos esencial, no tanto como para romper las negociaciones, pero sí que considera que puede ser munición de primera para la derecha y ultraderecha española. Y a menos de un año de una batalla decisiva, descuidar un flanco y regalar munición no entra en los planes del PSOE. ¿Y el colectivo LGTBI? A estas alturas, ya no le importan a nadie, cada uno tiene su batalla política y quiere obtener réditos y, sobre todo, no perder terreno.
Por ello, la amenaza del PP, Vox y Ciudadanos de recurrir la ley al Tribunal Constitucional y dinamitar otro de los proyectos estrellas de la formación morada y convertirlo en una ofensiva mediática contra el PSOE y Unidas Podemos es una amenaza real. A pesar de lo cual, Irene Montero y Unidas Podemos han aseverado que se niegan a recortar ningún aspecto del derecho de autodeterminación de género, líneas rojas que no mantuvieron, por ejemplo, en el caso de la reforma laboral. Lo que nos muestra también que el principal eje de batalla de Podemos es el identitario y que aquellos eran otros tiempos y otro escenario político, con otras alianzas, fortalezas o debilidades.
En esta caótica situación bélico-política, convendría señalar la posición del PNV, un partido conservador, que se muestra, en principio, favorable, pues en Euskadi existe una ley de derechos para los transexuales desde el año 2012 en la que no se especifica límite de edad y que fue modificada en 2019, eliminando el informe médico o el tratamiento como elementos indispensables para el reconocimiento de las personas transexuales —la derecha vasca, o catalana, se parece muy poco a la derecha española—.
Quizás esta última observación nos sirva para analizar las posiciones de los distintos partidos y comprobar que, por desgracia, y una vez más, una ley, y aquellas personas que se ven afectadas por la aprobación de esta, han quedado reducidas a figuritas en un gran mapa de operaciones en el que lo que cuenta es ganar la guerra. O al menos no perderla. No es política, es la guerra, y el colectivo LGTBI solo es, ahora mismo, un arma arrojadiza.
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