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El Gobierno de España ordena la exhumación de los restos de uno de los líderes del golpe de Estado de 1936

El Gobierno de España ordena la exhumación de los restos de uno de los líderes del golpe de Estado de 1936

El general Gonzalo Queipo De Llano (1875-1951)Album / Oronoz / Legion-Media

El Gobierno de España ha enviado una misiva al Hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena, entidad que gestiona la basílica de la Macarena, en Sevilla, ordenando la exhumación “a la mayor brevedad” de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, uno de los cabecillas del golpe de Estado que tuvo lugar en 1936 y que inició la guerra civil española.

Sus restos se encuentran en esta iglesia desde 1951, bajo el camarín de la Virgen de la Basílica de la Esperanza Macarena de la capital andaluza.

La carta, firmada por el secretario de Estado para la Memoria Democrática, Fernando Martínez López, exhorta a cumplir la nueva Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor el pasado viernes 21 de octubre, según recogen medios locales.

Estas son las principales novedades de la Ley de Memoria Democrática que entra en vigor en España

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Martínez López hace referencia a la norma, que establece que “los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio”, con el objetivo de que no se favorezca “la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra o la Dictadura”.

En la carta se valora la buena disposición del Hermano Mayor de esta institución, que hace unos días declaró que la Hermandad “cumplirá escrupulosamente” la ley, si bien necesitaban información para conocer los pasos a seguir a partir de ahora.

La nueva norma es la primera del ordenamiento jurídico español que condena el régimen franquista y que ofrece a las víctimas los derechos a la verdad, reparación y no repetición. Viene acompañada de numerosas medidas entre las que destacan la retirada de una treintena de títulos nobiliarios instituidos por el dictador Franco y la asunción por parte del Estado de las labores de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura.

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