Ministerio de Relaciones Exteriores de la Bolivia
El Gobierno de Bolivia informó este martes que logró un acuerdo para evitar que la joven boliviana detenida en Malasia en 2019 sea condenada a pena de muerte.
La mujer fue detenida hace tres años en el aeropuerto de Kuala Lumpur portando al menos dos kilos de cocaína, por lo que ingresó en prisión provisional acusada de narcotráfico, delito que en el país asiático lleva aparejada la pena de muerte.
Sin embargo, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, los esfuerzos diplomáticos del país andino consiguieron un cambio en los cargos, pasando a ser de posesión de drogas, por lo que finalmente fue condenada a 9 años de prisión, la mitad de los cuales ya ha cumplido, debido a que en el país el año penal dura 8 meses, según detalla la Cancillería boliviana en un comunicado.
Nota| Cancillería gestionó cambio de condena a compatriota boliviana en MalasiaLéelo 🔗 https://t.co/7hESTZapF8pic.twitter.com/d0oLFOwekR
— Cancillería de Bolivia (@MRE_Bolivia) August 23, 2022
A pesar de que Bolivia no cuenta con embajada o consulado en Malasia, la Cancillería boliviana gestionó la asistencia de un abogado ‘pro bono’ y toda la documentación necesaria para la defensa de su nacional.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía para cambiar la acusación incluía la condición de que la acusada se declarase culpable de los cargos.
En el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores se recoge que Mayta llamó a la población a no arriesgarse a transportar droga que “pueden generarles situaciones graves”, sobre todo en países con una legislación mucho más restrictiva.
Este no es el primer caso de esta gravedad. En 2013, un ciudadano boliviano de 30 años fue detenido en Kuala Lumpur portando 450 gramos de cocaína y fue condenado a pena de muerte. En 2018, La Paz apeló la sentencia y consiguió que el hombre regresara a Bolivia en 2019.
En la actualidad hay 647 bolivianos y bolivianas encarcelados en el extranjero, la mayoría de ellos por delitos relacionados con el narcotráfico, en prisiones de Argentina, Brasil, Chile, China, Cuba, España, EE.UU., Japón, Paraguay, Perú y Suiza.
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