Activistas durante una marcha realizada en el Lago Escondido, provincia de Río Negro (Argentina), el 24 de septiembre de 2017.Diego Lluma / FIPCA / AFP
La Justicia de Argentina ratificó este lunes un fallo de 2013 que ordena reabrir los caminos de acceso al Lago Escondido, un espejo de agua de singular belleza ubicado en la provincia de Río Negro, sobre la cordillera de los Andes, que se encuentra cercado por la propiedad del magnate inglés Joe Lewis, informa la agencia Télam.
A partir de este momento, el Gobierno de Río Negro tiene un plazo de tres meses para garantizar que la población pueda transitar por un camino de libre acceso al Lago Escondido, lindante con la estancia de Lewis, quien reside en Bahamas.
La causa judicial fue iniciada en 2005, hace 17 años. Recién en 2013 la Justicia de Bariloche ordenó al Gobierno provincial que realizara los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el paraje El Foyel), en tierras rionegrinas, el paso más corto y directo.
Trece años después de la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, una Cámara ratificó que el Estado provincial debe abrir el paso más corto y directo para el libre acceso al #LagoEscondido.Es un fallo clave que ratifica el derecho al uso público de costas 🧵 pic.twitter.com/1PI1JXzPIH
— Santiago Rey (@SantiagoRey71) September 12, 2022
Sin embargo, tanto Joe Lewis como la administración rionegrina presentaron diversos planteos para no cumplir con lo dispuesto.
El fallo que se dio a conocer este lunes, da un período de 90 días para que Río Negro implemente “todas las actuaciones administrativas” correspondientes, con el objetivo de evitar “inconvenientes o amenazas” a quienes quieran ingresar a “un bien de dominio público”.
Lewis, considerado una de las 500 personas más ricas del mundo, posee entre 9.000 y 14.000 hectáreas en la Patagonia. Las 8.000 hectáreas que rodean al Lago Escondido las adquirió en 1996 de manera dudosa y a un precio irrisorio de 12 millones de dólares. El multimillonario compró la propiedad a través de una empresa argentina, que luego de la operación, cedió los terrenos al británico.
Además, cercó el lugar e impidió el paso por medio de su seguridad privada, bloqueando el derecho al acceso de los ciudadanos a pesar de que, por tratarse de un patrimonio nacional, su uso público está garantizado por ley.
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