Escuela Primaria Tierra y Libertad, en Brisas De Zicatela, Oaxaca, México.Jim West / Legion-Media
La implementación del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria, ideado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México, ha sido suspendido luego de varios amparos promovidos por organizaciones civiles.
El martes, durante la reunión nacional de Autoridades Educativas Estatales, la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, aclaró que la dependencia a su cargo dará seguimiento a esos amparos ante el Poder Judicial, pero recalcó que la formación para los docentes sobre el nuevo plan de estudios se realizará conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2022-2023.
¡¡IMPORTANTE BOLETÍN DE PRENSA!!PODER JUDICIAL FRENA LA ENTRADA EN VIGOR DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO Y PROGRAMA PILOTO DE LA SEP pic.twitter.com/MyJeZ9NACh
— Educación Con Rumbo (@EducacionRumbo) October 2, 2022
La razón por la que se suspendió el programa, cuya implementación estaba prevista a partir del 29 de octubre en 960 escuelas, es que la organización civil Educación con Rumbo interpuso un recurso de amparo contra el plan, al que califica de inconstitucional.
En detalle, esa organización alega que el plan educativo violaría al menos cinco artículos de la Constitución, y no fue sometido a consulta ante el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación (Conapase).
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El abogado que representa a la organización civil, Miguel Ángel Ortiz, refirió que el programa “es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas, que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de las escuelas públicas y privadas”.
El Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México les dio la razón, por lo que el programa piloto queda suspendido.
Desde la SEP, por su parte, se han interpuesto los recursos previstos en la ley y, en palabras de Ramírez Amaya, se espera pronta resolución a favor del interés superior de niñas, niños y adolescentes del país.
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