Las protestas se han generalizado en Andahuaylas, Cajamarca (el bastión de Castillo), Cusco, Apurímac e Ica. Además de la movilización constante en el centro de Lima.
Lo que pudo entenderse como la muerte política de Castillo se está convirtiendo, según la dinámica actual, en el reavivamiento de un líder que estaba totalmente asfixiado en la silla presidencial y, una vez depuesto, ha comenzando a generar una emocionalidad política que puede desestabilizar, no la política como ya es costumbre en Perú, sino a todo el tejido social.
El derrocamiento de Castillo, quien estuvo impedido de ejercer su gestión de manera cabal debido a las presiones, y ahora se encuentra “humillado, incomunicado maltratado y secuestrado”, como él mismo denunció, ha terminado trasladando la conflictividad política a un nuevo escenario: la calle.
Ya sabemos como empezó este conflicto, pero una vez encendidas las calles, no sabemos cómo pueda terminar.
Perú se había caracterizado por contar con una esfera política con muchos cambios de gobierno, pero con una conflictividad social mínima en comparación a los grandes estallidos que ocurrieron los últimos años en sus vecinos de la región.
Gremios agrarios, organizaciones campesinas e indígenas, frentes rurales y mineros, ronderos, movimientos sociales que no se movilizaron con tanta contundencia para amortiguar la caída de Castillo, hoy están en la calle en medio del espíritu de rebelión popular.
Durante su mandato, Castillo, que venía del mundo sindical, con una historia de lucha política que contaba con muchos aliados en las organizaciones sociales y un amplio respaldo en lo sectores rurales, prefirió jugar todas las cartas jurídico-políticas para enfrentar la criminalización y hostigamiento del que fue objeto desde antes que llegara al gobierno, sin convocar movilizaciones de apoyo, sin ocupar las calles, ni polarizar los discursos. En cambio, su derrocamiento, ha llenado las calles.
Gremios agrarios, organizaciones campesinas e indígenas, frentes rurales y mineros, ronderos, movimientos sociales que no se movilizaron con tanta contundencia para amortiguar la caída de Castillo, hoy están en la calle en medio del espíritu de rebelión popular.
Castillo no estaba muerto
Una famosa guaracha caribeña cantaba en los cincuenta el coro: “no estaba muerto, estaba de parranda”.
Con las calles peruanas tomadas por sectores populares bajo una situación inédita, demandando la libertad de Castillo y la disolución del Congreso, el maestro de escuela rural que se suponía enterrado políticamente ha vuelto a convertirse en un actor político de primer orden.
Por medio de sus cartas públicas, hechas a mano desde su encierro, así como por el video de su comparecencia judicial, Castillo está retomando el pulso de las protestas. Además, varios países todavía le reconocen como presidente.
Su partido, Perú Libre, el de mayor bancada legislativa y del que se había distanciado, ha vuelto a apoyarle.
¿Volverá Castillo al poder? Hasta hoy parece muy poco probable, pero la indeterminación que producen los hechos suscitados ubican a toda la política peruana en un terreno imprevisible.
Resulta paradójico, pero el poder de Pedro Castillo, a varios días de su detención, podría decirse que es mayor en capacidad de convocatoria que durante todo su mandato, en el que fue estrangulado desde el día uno. Pedro Castillo y los sectores populares movilizados, especialmente rurales, ya no representan un gobierno débil y a la defensiva, como lo fue durante sus meses en la silla presidencial, sino una fuerza política que están irrumpiendo la política peruana y amenazando, ahora sí, al establecimiento limeño.
¿Volverá Castillo al poder? Hasta hoy parece muy poco probable, pero la indeterminación que producen los hechos suscitados ubican a toda la política peruana en un terreno imprevisible.
Dina Boluarte, ¿una nueva Jeanine Áñez?
Cuando Jeanine Añez fue juramentada como presidenta interina, tras el golpe en Bolivia en 2019, jamás pensó que la realidad política cambiaría, y menos tan rápidamente. Añez fue sentenciada a diez años por usurpación de poder y denunciada como responsable de los sucesos de Senkata y Sacaba, declarados como masacres por el Consejo Interamericano de Derechos Humanos.
En la medida en que el número de manifestantes asesinados por la represión crece en Perú, la administración interina comienza a estar en tela de juicio, en medio de una región que se ha virado a la izquierda y que no va a reconocer un presidente deslegitimado, al estilo de Juan Guaidó o Áñez.